 |
| Imagen aporte de http://www.iuvalladolid.org |
El documento explicita varias críticas al Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), entre las que se destacan "el empobrecimiento del trabajo profesional docente, incluyendo estrechez curricular y re-orientación de los proyectos educativos hacia el entrenamiento para pruebas estandarizadas" y "el malestar y el agobio de las comunidades escolares frente a los valores y principios que promueve el SIMCE, como el éxito o fracaso educativo en función del resultado de una prueba".
Además menciona algunas propuestas como la generación de un debate nacional en torno al significado de lo que es calidad en la educación, una relación más directa entre lo local y lo nacional, valorando el rol de las comunidades educativas en los procesos de evaluación.
A continuación pueden leer la carta entera:
Reforma Educacional sin Nuevo Sistema de Evaluación de la Educación Escolar, No es Reforma
Sr. Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Educación
Sra. Valentina Quiroga Canahuate, Subsecretaria de Educación
Al actual gobierno se le ha confiado la
importante tarea de conducir la reforma educacional que busca reemplazar
el actual sistema mercantil de educación. Las personas y organizaciones
sociales que firmamos esta carta nos hacemos parte de dicho movimiento y
compartimos la necesidad de superar las prácticas y políticas que han
permitido tratar a la educación como un bien de consumo para construir
un nuevo sistema que entienda la educación como un derecho social.
Sin duda uno de los elementos claves
para avanzar en este camino es superar el actual concepto de calidad
educativa. Este concepto hoy está estrechamente vinculado a un conjunto
de políticas y marcos legales vinculantes (Ley General de Educación o
Ley de Aseguramiento de la Calidad) que utilizan el Sistema de Medición
de la Calidad de la Educación (SIMCE) como instrumento central para
garantizar la calidad de la educación, lo que refleja una reducción del
significado de calidad en términos de una medición.
Para gran parte de los políticos y
funcionarios, un establecimiento escolar provee una buena o mala calidad
cuando arroja un resultado positivo o negativo en las pruebas SIMCE.
Esta medición, a la que nos hemos acostumbrado y se ha vuelto natural en
la educación chilena, es una herramienta central de la comprensión de
la educación como un bien de consumo. Es gracias al SIMCE, y así fue
pensado en sus orígenes, que el mercado educacional se dinamiza, pues
busca emplazar a padres y apoderados a escoger escuelas utilizando como
criterio principal un mejor puntaje SIMCE, favoreciendo así la
competencia entre las escuelas.
Entendemos que el SIMCE no es la única
herramienta con que se promueve la lógica de mercado en la educación,
pero queremos subrayar que es central en la organización de la educación
como mercado. De a poco el país ha empezado a levantar evidencia sobre
las consecuencias lamentables que un concepto estrecho de calidad, y su
particular forma de medir, han tenido para el conjunto del sistema
escolar. Estas evidencias tienen un correlato con numerosas
investigaciones a nivel nacional e internacional, donde se ha observado
procesos de estandarización con pruebas de altas consecuencias similares
al SIMCE. Entre las principales consecuencias se pueden destacar:
1) La selección de alumnos que puedan rendir mejor en las pruebas, profundizando la segregación y exclusión escolar.
2) El empobrecimiento del trabajo
profesional docente, incluyendo estrechez curricular y re-orientación de
los proyectos educativos hacia el entrenamiento para pruebas
estandarizadas.
3) La contribución a la estigmatización
de la educación pública mediante la publicación de los resultados SIMCE y
la facilitación de datos para la elaboración de rankings
sensacionalistas.
4) El malestar y el agobio de las
comunidades escolares frente a los valores y principios que promueve el
SIMCE, como el éxito o fracaso educativo en función del resultado de una
prueba.
Por lo anterior es que consideramos que
frenar el actual Sistema de Medición de la Calidad de la Educación es
completamente necesario para avanzar en una reforma educacional que
termine de una vez con la lógica de mercado como la rectora del sistema
escolar. Proponemos la creación de un Nuevo Sistema de Evaluación de la
Educación Escolar, considerando los siguientes aspectos:
1) Una revisión y modificación de la
actual legislación e instrumentos normativos, especialmente la LGE y la
Ley de Aseguramiento de la Calidad, que entienden e implican al SIMCE
como el principal parámetro de medición de la calidad de la educación y
como distribuidor de recursos públicos.
2) Generar un debate nacional sobre qué
es la calidad de la educación y cómo evaluaremos la educación que
queremos, enmarcado tal debate en la necesidad de un nuevo sistema que
entienda la educación como un derecho social y humano.
3) Reconocer el importante rol que
tienen las comunidades escolares en el proceso de la evaluación, y
dentro de ellas, especialmente el profesorado, a quienes deben
entregárseles condiciones adecuadas para que pasen a ser partícipes y
responsables activos en el trabajo de evaluar la calidad de la
educación.
4) Que este nuevo sistema sea capaz de
retroalimentar el proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene lugar en
los establecimientos educacionales, considerando especialmente su
pertinencia y contribución a la justicia social.
5) Que este nuevo sistema tenga un
fuerte anclaje en las comunidades locales, considerando para ello las
condiciones estructurales necesarias para facilitar este proceso y
articulando en la nueva institucionalidad pública un vínculo entre lo
local y lo nacional.
6) Si se llega a consensuar la
importancia de un nuevo sistema de medición de la cobertura curricular
mínima para informar a la política pública, este sistema debe tener el
carácter muestral y no censal. Esto para asegurar que dicha prueba no
pueda ser utilizada como forma de crear u orientar la educación como
mercado.
7) Mientras lo anterior no ocurra, se
debe frenar de forma inmediata la aplicación de las pruebas SIMCE. Esto
significa no publicar los resultados de estas pruebas, ni elaborar
rankings u ordenación de escuelas, desanclando todas las consecuencias
que tiene hoy el SIMCE: i) definición de sueldos de docentes; ii) grados
de autonomía de las escuelas; iii) clasificación y ordenamiento de
establecimientos; y iv) cierre de escuelas, por nombrar las principales.
Esperamos que las ideas aquí planteadas
contribuyan al proceso de construcción democrática y a la mejora de la
calidad educacional en nuestro país, aportando a la creación de un
sistema de evaluación que sea consistente con una concepción de
educación como bien público. Esta es una tarea que consideramos central
para el nuevo ciclo político y social que vive Chile, en especial
después de la emergencia del movimiento social del 2011.
Más información: Alto al SIMCE 2014
No hay comentarios:
Publicar un comentario